Repudiamos las amenazas que recibió el Defensor del Pueblo de Posadas y expresamos nuestra absoluta solidaridad frente a estas actitudes irracionales y que solo buscan impedir el trabajo de quien defiende los derechos y garantías de todos los vecinos y vecinas de la Ciudad de Posadas.
La gravedad institucional es absoluta: se ataca a quien constitucionalmente defiende derechos y garantías y tiene solo su conducta y compromiso como forma de hacerlo. Las defensorías no podemos aplicar sanciones ni condenar. Eso lo pueden hacer otros poderes y lo deben hacer en estas circunstancias más que nunca.
Sabemos que cuando atacamos el aumento de tarifas, cuando denunciamos el trabajo infantil, cuando confrontamos con sectores poderosos, les molesta. Es nuestro deber. Es nuestra obligación. ¡Y lo seguiremos haciendo!
Todo nuestro apoyo a nuestro colega y amigo Alberto Penayo, sosteniendo también que las amenazas que recibió y las que pudiera recibir, tendrán siempre la misma respuesta nuestra: repudio total y solidaridad absoluta.
Desde nuestra responsabilidad como titulares de Defensorías del Pueblo reafirmamos el compromiso frente a la sociedad de defender a todos quienes se les ha vulnerado un derecho o una garantía. Esa es nuestra obligación. Ahora la Justicia deberá tomar la responsabilidad que le corresponde e investigar los hechos.