Se entregaron los informes de la observación electoral a la junta electoral de Tucumán

Se elaboró a través de un convenio firmado por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y la Junta Electoral Provincial.

El Presidente de ADPRA y Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, le entregó a la Junta Electoral Provincial de Tucumán los informes correspondientes a la observación electoral realizada el pasado 9 de junio, en el marco de las elecciones generales de esa provincia. De la actividad participaron además: Daniel Ingrassia, Coordinador Operativo de Derechos Políticos de este organismo, y Washington Héctor Navarro, en representación de la Junta.

En el acto estuvieron presentes (además de Amor) Rocío Fernández, secretaria de ADPRA y Defensora del Pueblo de Escobar; Ismael Rins, vicepresidente de ADPRA y Defensor del Pueblo de Río Cuarto; Fernando Said Juri, vicepresidente de ADPRA y Defensor del Pueblo de Tucumán; Adriana Santagati, consejera de ADPRA y Defensora del Pueblo de Río Negro; Lionel Suárez, Defensor del Pueblo de Santiago del Estero; Bárbara Bonelli, Defensora adjunta de CABA; Paula Streger, Defensora adjunta de CABA, Silke Arndt, Defensora adjunta de CABA y observadores internacionales de Brasil, Costa Rica y México.

En cuanto a la actividad desarrollada, ADPRA se comprometió a observar las condiciones edilicias de los establecimientos de votación; la apertura, el desarrollo y el cierre de las mesas seleccionadas para realizar una observación más detallada (“mesas testigo”); la capacitación y percepción sobre el proceso electoral de las autoridades de mesa y los delegados de la Junta Electoral Provincial y la opinión sobre la elección de los y las electores y electoras.

Los datos obtenidos con la observación electoral mostraron que la elección se desenvolvió con normalidad y sin problemas significativos.

Además fue destacable el trabajo de las autoridades electorales respecto de la seguridad que se brindó durante la elección; la designación de las autoridades de las escuelas como delegados en todos los establecimientos de votación y la utilización del registro voluntario de autoridades de mesa entre los docentes de las escuelas públicas y privadas de la provincia.