Reunión de los Defensores con las autoridades del ENARGAS

Los Defensores del Pueblo, nucleados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se reunieron hoy con la gerencia de Regulación y Gestión comercial del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para tratar el registro de beneficiarios de la tarifa social, el régimen tarifario específico para entidades de bienes públicos y el régimen para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME).

La comitiva de Defensores del Pueblo estuvo encabezada por la Defensora Adjunta porteña María América González, mientras que por el ENARGAS estuvieron presentes su presidente, Mauricio Roitman, y el gerente Néstor Touzet.

En la reunión, Roitman definió que el valor del gas en boca de pozo (BTU) será fijado en una subasta pública que se realizará los días 14 y 15 de febrero. Asimismo, afirmó que “salvo que exista algo extraño que el ENARGAS deberá demostrar, el valor que surja de la subasta irá a las tarifas”.

Por su parte, los Defensores del Pueblo valoraron la transparencia que surge de un acto como la subasta pública, aunque consideraron que esta nueva posición del Ente Regulador no debe constituir un retiro o desatención del Estado en la composición de las tarifas, ya que el gas en boca de pozo tiene una incidencia de alrededor del 40% en la facturación total y ese precio se pretende que sea fijado en subasta pública la cual es reglada por las leyes del mercado de oferta y demanda.

Sin perjuicio de ello, los Defensores del Pueblo reiteraron y ratificaron, tal como lo vienen haciendo en todas las audiencias públicas, que:

-El acceso a servicios públicos esenciales de energía son un derecho básico para la efectiva realización de los derechos humanos.
-Conforme los principios de proporcionalidad, progresividad, razonabilidad y no confiscatoriedad, sentados por la CSJN, las tarifas deben ser justas, adecuadas y razonables. Por ende, los incrementos en las tarifas no pueden estar sujetos a la libertad de mercado sino que deben tener en cuenta las incrementos salariales y posibilidades reales de los ciudadanos.
-Insistieron en que debe ampliarse la tarifa social del servicio de gas para que puedan acceder todos los que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.
-Deben atenderse la especial y crítica situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (MiPyME) y en particular las entidades de bien público y los clubes de barrio que hoy atraviesan extremas dificultades para afrontar el pago de tarifas exorbitantes.