Los Defensores del Pueblo de la Republica Argentina, reunidos en la Ciudad de Corrientes y respecto de la situación planteada en toda la Argentina con las tarifas, reafirmamos lo que venimos sosteniendo desde el mes de enero de este año:
La aplicación del nuevo cuadro tarifario adoleció y adolece de deficiencias en cuanto a lo normativo y en cuanto al reconocimiento de realidades regionales y sociales.
Las medidas judiciales han sido la respuesta desde distintos sectores a la aplicación de los aumentos sin cumplir con obligaciones básicas como por ejemplo la realización de las Audiencias Públicas previstas en la legislación vigente.
En ese sentido, reafirmamos la necesidad de la realización de las Audiencias Públicas, donde el Gobierno nacional detalle el cuadro de situación energético actual, la propuesta de inversión y desarrollo como política de estado de cara al futuro, la definición de las tarifas, la definición de la tarifa social ampliada -incluso con la posibilidad del acceso automático a la misma-, la consideración de las economías regionales, la situación de las PyMEs, generadorás del 70% del empleo en la Argentina y la progresividad y la razonabilidad en los aumentos.
Como Defensores del Pueblo de la Argentina, habremos de participar en las audiencias fijando no solo una postura común, sino también detallando las situaciones propias con las características de cada una de las provincias y municipios.
Hemos decidido la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como Amicus Curiae para expresar en ese ámbito también las posturas que venimos sosteniendo. Allí nuestro aporte es el de acercar la realidad inmediata de los vecinos, de los comercios, de las PyMEs y de propuestas que permitan hacer razonable, progresivo equilibrado y con responsabilidad social los aumentos que se definan.
El Estado tiene un rol central en la producción y administración de la energía, pero también -y fundamentalmente- en la protección de los sectores más vulnerados. El Estado es el ordenador social por naturaleza y ese es el rol que debe cumplir con mayor responsabilidad en esta etapa.
Hoy hay incertidumbre, desorden y falta de certeza sobre lo que cada vecino debe hacer frente a los aumentos.
Los Defensores del Pueblo de la Republica Argentina tenemos la obligación de transmitir certeza, equilibrio y responsabilidad en nuestro accionar, pero fundamentalmente un absoluto compromiso social.
Y eso es lo que estamos haciendo.
Vemos con absoluta preocupación la postura de algunas empresas energéticas que amenazan con cortes de servicios, amparados en la falta de aumentos por las medidas judiciales que hicieron lugar a medidas cautelares. No solo rechazamos esas expresiones, sino que las consideramos una amenaza sobre los usuarios que desconoce que los servicios de energía constituyen derechos humanos básicos, y que su corte por parte de las empresas será denunciado por las Defensorias ante la justicia.
Los aumentos tarifarios están en el debate de toda la sociedad. Lo que se necesita es precisión, claridad, certeza y responsabilidad social en su aplicación.
Reafirmamos nuestro compromiso con la necesidad de la realización de las Audiencias Públicas,con la consideración de las economías regionales, el sostenimiento de las PyMEs, la tarifa social ampliada y de posibilidad de acceso automático con criterios idénticos tanto en agua, como en luz y gas, la progresividad y la razonabilidad de los incrementos.
Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA)
Corrientes 12 de agosto de 2016