La Defensora del Pueblo de Bariloche y Protesorera de ADPRA, Dra. Andrea Galaverna, participó de la Audiencia Pública por el aumento de tasas municipales, donde solicitó la exención de tasas a beneficiarias de la Asignación Universal Por Hijo. La iniciativa de la Defensora local fue tomada por el Concejo Municipal y aceptada en forma unánime, en la Comisión de Economía, posteriormente votada en el marco de la Reforma de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria.

Así también fue anunciada la iniciativa, por el titular de Hacienda, Ariel Gomis, quien presentó la normativa en toda su extensión que busca aumentar entre un 40 y un 80 % las tasas

En la Audiencia Pública que se realizó el lunes 4 de enero en la Sala de Sesiones del Concejo, la Defensora explicó, los motivos por los que se propusieron la exención de este tributo las mujeres jefas de familia que perciben la AUH, tal como ocurre con personas con discapacidad y jubilados/as y el 5 de enero fue votada quedando como un derecho ganado de este grupo de extrema vulnerabilidad.
Quedando ahora la tarea de reglamentación en conjunto con el Ejecutivo a fin de optimizar el trámite, la difusión y acompañamiento que se hará desde la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Bariloche.

A continuación presentamos la solicitud formulada por la Defensora del Pueblo de Bariloche en la Audiencia Pública:

El enfoque de derechos humanos constituye, para los que tienen en sus manos las decisiones políticas, una guía para el diseño de las políticas públicas y sociales.
El enfoque de derechos es el enlace que hay entre las políticas públicas y el andamiaje jurídico de los derechos humanos. En rigor, puede decirse que constituye un marco analítico para fundar normativamente el desarrollo humano
El enfoque de género como parte del enfoque de derechos, es considerado como un instrumento analítico y ético que da cuenta de las desiguales oportunidades sociales o de acceso a derechos entre varones y mujeres.
Vale la pena recordar que todas las políticas públicas impactan diferencialmente en hombres y en mujeres, que no existe la neutralidad de género, por eso este enfoque en particular es una obligación no sólo legal sino ética.
Hablar de familias monoparentales es referirse fundamentalmente a situaciones en las que una madre es responsable en solitario de sus hijos o hijas. Considerando este enfoque, vale la pena destacar que en nuestro país, la monoparentalidad alcanza a una de cada cinco familias, que es una tendencia en alza y tiene rostro de mujer: casi nueve de cada diez hogares tienen a una madre en su jefatura.
¿Por qué deberían ser objeto de análisis y de acciones de políticas públicas la monoparentalidad ?
La organización familiar visibiliza de forma evidente dos problemas sociales acuciantes: por una parte, las tensiones que enfrentan las mujeres para compatibilizar las responsabilidades laborales y familiares, lo que se entiende por economía y tareas de cuidado.
Por otra, la persistencia de las desigualdades de género en el ámbito del trabajo productivo en detrimento de las mujeres respecto de los hombres, y de las madres en relación con las mujeres sin responsabilidades familiares.
Viven en hogares monoparentales con hijos el 30,9% de las madres indigentes, el 17,8% de las que están en situación de pobreza, y el 13,5% de las no pobres.
Las madres solas aportan hasta el 78,1% del ingreso total del hogar, es decir, tienen la responsabilidad de mantener económicamente sus hogares de forma casi exclusiva.
Solo cuatro de cada diez en hogares monoparentales tienen trabajo formal. Entre las familias monoparentales se exacerban los problemas de cuidado y compatibilidad con el trabajo y la familia, ya que la mujer jefa de hogar es la principal y muchas veces la única responsable de la manutención económica de su familia y del cuidado cotidiano de sus miembros. En total, el 75% del cuidado infantil es provisto por mujeres y sólo el 25% por varones. Esto significa que el cuidado continúa siendo un trabajo que realizan de forma casi exclusiva las mujeres.
Evidentemente, las familias monomarentales no son las únicas que carecen de apoyos suficientes, sino que simplemente integran un contingente en el que resultan muy evidentes las lagunas en materia de protección por parte del Estado, como podría ser pensiones por maternidad, planes específicos de empleo, de vivienda, o exenciones de tasas etc.
Al momento de evaluar la pobreza, es un muy fiel indicador para hablar de mujeres y pobreza el sólo hecho que sean jefas de hogar, ya que las mujeres son más pobres que los varones, la misma es más severa, y creciente en el tiempo.
Ahora ¿Cuáles son las razones por las cuales las mujeres “caen” en la pobreza? ¿Por qué son distintas a la de los varones? ¿Por qué se habla de la feminización de la pobreza?
Las causas son múltiples y podrían enumerarse en las siguientes
Familiares: Son las relacionadas a separaciones, divorcios (en menor medida, viudez, o los embarazos adolescentes. Estos fenómenos, entre otros, explican la creciente proporción de hogares con jefatura femenina.
En este sentido, se ha constatado la fuerte asociación de jefatura femenina y pobreza sobre todo cuando hay hijos pequeños en el hogar. La mayor incidencia de la indigencia y la pobreza en los hogares con jefatura femenina se explica tanto por el menor número de proveedores económicos de la familia como por los ingresos menores que, en promedio, reciben las mujeres que trabajan en el mercado laboral y que son, a su vez, jefas de familia. En consecuencia las relaciones familiares pueden contribuir a procesos de empobrecimiento de las mujeres.
Económicas: especialmente vinculados a las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a un empleo remunerado, su alta participación en el mercado informal y precarizado, los bajos salarios que obtienen (producto de la discriminación salarial). El mercado laboral es uno de los espacios donde más se manifiestan las inequidades por género, en tanto existe un acceso desigual a los puestos de trabajo y una alta proporción de “inactividad económica” en la que permanecen las mujeres, precisamente por ser las principales responsables –frecuentemente, las únicas– del cuidado de los hijos y del trabajo reproductivo en el interior del hogar.
Desigualdad de acceso a recursos sociales y políticos: por ejemplo, el menor acceso al crédito económico, la imposibilidad de acceder a los espacios de toma de decisiones, la baja presencia de las mujeres en instituciones y organizaciones que inciden en diversos aspectos de sus vidas, conforman un escenario que, en parte, explica las dificultades que enfrentan las mujeres para “salir” de la pobreza.
En otros términos, las relaciones entre pobreza y mujer hay que identificarlas en las construcciones sociales vinculadas al mercado de trabajo, las políticas públicas y las familias. En este contexto, es primordial preguntarse cómo las políticas públicas –en sus diversos niveles– afectan las condiciones de vida de las mujeres y sus hijos/as.
Un párrafo especial en este contexto amerita el concepto de pobreza infantil que por lo general acompaña a los hogares monomarentales. La pobreza infantil para UNICEF se basa en el principio de acceso a un número específico de derechos económicos y sociales. Considera que los niños que viven en la pobreza son los que sufren una privación de los recursos materiales espirituales y emocionales que se presentan necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar.
Por ejemplo, en el plano conceptual, es necesario entender la pobreza infantil no como un fenómeno aislado, sino como constitutiva de un contexto social. En esa línea deberían incorporarse variables tales como la composición familiar, las diferencias de distribución de recursos dentro de las familias, el número de niños en los hogares y el género de la persona que sostiene económicamente el hogar, entre otras. Como en casi toda América Latina, Argentina, durante los últimos años la principal respuesta por parte del gobierno para el “combate” de la pobreza ha sido la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
En primer lugar, la AUH significa el reconocimiento de un derecho social: el derecho de las niñas y niños argentinos a estar incluidos, a gozar de un estándar básico de vida, de bienestar y de seguridad económica. En segundo lugar, se convierte en una política que ratifica la universalidad de los derechos sociales hacia aquellos que aun participando del mercado de trabajo, se encuentran impedidos de recibir los beneficios de las asignaciones familiares por el trabajo informal. En nuestra Provincia hay aproximadamente 200.000 niños, niñas menores de 18 años, el 26 % de ellos son beneficiarios del derecho de la AUH. Las titulares de cobro en el 94,4% son mujeres, en los últimos años esta titularización se ha feminizado, con un promedio de edad de 30 a 34 años. Analizando a las titulares el 94% no tiene trabajo o es informal y de tiempo parcial; 3,9% son monotributistas sociales y 2,1 % trabajadoras de casas particulares. Como dije anteriormente viven en hogares monoparentales con hijos el 30, 9% de las madres, el 17,8% las que están en situación de pobreza. En Bariloche hay aproximadamente según datos del ANSES 4000 niñxs incluidos en el plan, con un promedio de unos 2.8 niñxs por titular. Siendo titulares de cobro casi el 100% mujeres. Si este dato de beneficiarios de AUH, se cruza con jefatura de hogar a cargo de las mujeres, con hijos muy probablemente consigamos definir un segmento poblacional de alta vulnerabilidad, que hay que considerar al momento de modificar las tasas municipales. Es por todo esto que propongo, se considere la exención de tasas para aquellas mujeres que acrediten recibir la AUH, haciéndose un trámite similar al que llevan adelante las personas con discapacidad y jubilados.
La iniciativa servirá, también, para evaluar la situación habitacional de estas mujeres.