El Senado bonaerense designó en diciembre último, con los dos tercios de los votos, a Carlos Bonicatto como defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Poco antes, la Cámara Baja había dado media sanción al pliego. En esa oportunidad, los legisladores destacaron “su sapiencia, su conocimiento técnico y jurídico y su compromiso militante”, y si bien algunos diputados plantearon que el instituto debería quedar para una persona de la oposición, reconocieron que “la ley habla de cualquier ciudadano”, y en el caso de Bonicatto, “se trata de un hombre de la política con idoneidad absoluta para ocupar el cargo”.
Asimismo, los diputados coincidieron en destacar el trabajo de la comisión bicameral, que actuó “con amplia receptividad” a las propuestas hechas por los legisladores. En la ocasión, Bonicatto aseguró que encarará el cargo con “profundo respeto y responsabilidad”.
La designación de Bonicatto cumplimenta lo previsto en el artículo 55 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires que expresa que: “El Defensor del Pueblo tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes. Ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegitimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Supervisa la eficacia de los servicios públicos que tenga a su cargo la Provincia o sus empresas concesionarias”.