Alertando sobre la importancia de que las tarifas sean “justas y razonables”, y exhortando a que se atienda con rigurosidad las necesidades particulares de los más necesitados por medio de una “tarifa social única y automática” , los defensores del pueblo del todo país nucleados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) tuvieron fuertes cuestionamientos a los aumentos del gas planteados por el Gobierno Nacional durante la Audiencia Pública que se desarrolló el viernes 16 en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires.
“Rechazamos la comparación del gas con servicios como la televisión por cable, porque el gas no es un bien prescindible”, criticó el presidente de ADPRA y Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, durante su encendido discurso que fue aplaudido en varias oportunidades por los presentes. “Nosotros defendemos los principios establecidos en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: progresividad, proporcionalidad y razonabilidad. Y si bien vemos progresividad en lo que se ha planteado, no encontramos la proporcionalidad ni la razonabilidad”, agregó Amor.
“Nosotros no defendemos clientes, sino personas. Al ciudadano de a pie, como me gusta decir”, respaldó el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Tuzzolino, y añadió: “Las audiencias son necesarias para los ciudadanos cuando los derechos de los mismos prevalecen sobre los intereses de las empresas. Debe garantizarse la participación ciudadana más allá del acto electoral”.
En los 10 minutos que tuvo cada uno para exponer, los defensores del pueblo de los distintos puntos del país exhortaron al Gobierno Nacional a “definir un cuadro tarifario único, de amplio acceso y automático para todos, porque ningún ciudadano que lo necesite debe quedarse sin tarifa social” y exigieron mayor flexibilidad para clubes de barrio, entidades de bien público y Pymes”. “Es importante reconocer la realidad que atraviesan las pymes, sobre todo las gasdependientes y las electrodependientes, las cuales deben contar con una tarifa diferenciada que les permita continuar con su empresa, porque de esa manera se está defendiendo el empleo en nuestro país”, declaró el titular de ADPRA, a lo que Tuzzolino añadió: “Mayor flexibilidad para los clubes de barrio y entidades de bien público dadas su responsabilidad de contención para nuestros niños, jóvenes y adultos mayores”.
A su tiempo, el Defensor del Pueblo de la provincia de San Juan, Carlos Alberto Lima, dijo: “Estamos para la defensa y protección de los derechos humanos, de los derechos de las personas, de los derechos de los consumidores y usuarios. El servicio público no puede atender a valores fijados a precio de mercado cuando la realidad de nuestro país necesita que se haga efectivo el principio de subsidiariedad. Para una tarifa justa y razonable hay que ver el nivel de ingresos, para que se tenga en cuenta el principio de igualdad”. Lima enfatizó en “la necesaria segmentación del servicio para ver cuál debe ser la tarifa más justa y razonable que el usuario debe abonar”.
“Toda revisión tarifaria debe ser gradual y razonable”, coincidió a su turno el defensor del pueblo de la provincia de Salta, Nicolás Zenteno Núñez, quien luego cedió la palabra al Defensor del Pueblo de General Pueyrredón, Fernando José Cuesta, que deseó “que esta audiencia no sea sólo una formalidad”, y reforzó: “El acceso al gas y la luz son derechos constitucionales”.
Al igual que lo habían hecho sus colegas, Cuesta criticó que “falte información”. “No sabemos cómo se constituye el precio de boca de gas”, sostuvo el Defensor al tiempo que pidió una recategorización para su localidad. “Tenemos el cuadro tarifario igual al de la Capital, siendo que tenemos un viento austral. Esto se debe contemplar en nuestra categoría. Tenemos 11.6 % de desocupación, que va en aumento por las políticas económicas. Población con mayores de 60 años. Solicitamos la recategorizacion”, pidió con vehemencia Cuesta.
“No soy ajeno a las posturas, de los que me antecedieron en la palabra”, respaldó cuando le tocó su momento el Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Martin Díaz Achával, quien contó que en su Provincia “está atrasada en desarrollo humano, con pequeñas industrias y desertificación. Aumentamos 6 puntos de desarrollo industrial y de pequeños emprendimientos que utilizan el gas, lo que el aumento influirá en este crecimiento. Para todo el Norte los aumentos son un problema serio”, sostuvo Díaz Achával, que finalizó “si aumentan las tarifas que sean en proporción a lo que pueden pagar, que sean acorde a los niveles de ingreso. Principio de racionabilidad. Las empresas tienen el criterio de preservar sus economías, el estado debe garantizar que funcionen para la sociedad”.
En tanto, el Defensor del Pueblo de la provincia de Tucumán, Fernando Said Juri, declaró que “las economías regionales del norte vemos pasar el gas y lo pagamos 4 veces más que en otras regiones. Vemos a diario como nuestras Pymes gas-dependiente que si no salía el fallo de la Justicia hoy sería otra la realidad de estos negocios y la desocupación también lo sería”. “El Estado no es una empresa, tiene la obligación de servir al pueblo”, expresó Said Juri que sentenció que “si la tarifa no es razonable y progresiva va a ser confiscatoria”.
“Todas las entidades sociales deben estar alcanzadas por la tarifa social”, empezó exigiendo en su exposición el titular de la Defensoría de Pueblo de la provincia de Córdoba, Hugo Alberto Pozzi, quien agregó que “tenemos la esperanza de que los responsables del Estado tomen la decisión de escuchary que podamos tener servicios y de poder pagarlos”, finalizó Pozzi.