Los Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores de Justicia, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos, reunidos en el IX Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), en la Ciudad de Quito, Ecuador, del 8 al 11 de Noviembre de 2004.
CONSIDERANDO:
Que el importante papel que desempeñan los Ombudsman como garantes del respeto y vigencia de los derechos humanos es indispensable para la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho;
Que uno de los mandatos de esta Federación es promover la creación de la figura del Ombudsman en los países en donde aún no se ha instituido, para garantizar la vigencia de los derechos humanos en toda la región;
Que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua está creada por medio de la Constitución y su mandato es la promoción de los derechos humanos y la garantía de la vigencia de estos;
Que la figura del Defensor del Pueblo de San Luis, Argentina, está consagrada en la Constitución de la Provincia y que la Legislatura de esa Provincia modificó la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo reduciendo su mandato a un año con posibilidades de ser reelegido por un único período;
Que los derechos humanos, desde la perspectiva de su integralidad, emanan de la dignidad misma de la persona humana, más allá de intereses particulares de sectores políticos, económicos, sociales e ideológicos. Por lo tanto, constituyen el marco ideal para construir una sociedad democrática, igualitaria, equitativa y solidaria, mediante la participación ciudadana y la facilitación, por parte del Estado, de los instrumentos jurídicos y los mecanismos legales para su realización, así como para la efectiva justiciabilidad de los mismos;
Que los derechos económicos, sociales y culturales fijan los límites mínimos que debe cubrir el Estado en materia económica y social para garantizar el funcionamiento de sociedades justas y para legitimar su propia existencia;
Que persisten diferentes formas de desigualdad y discriminación hacia las mujeres en las prácticas sociales e institucionales, que limitan el ejercicio pleno de sus derechos humanos y no contribuyen a acortar la brecha entre la igualdad formal y la igualdad real;
Que de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, la Democracia es un derecho humano, por lo que los Ombudsman de la Región, de acuerdo con su mandato, deben tener una participación activa en la tutela de los derechos de los ciudadanos de sus respectivos países;
Que toda forma de actos, métodos, prácticas y manifestaciones terroristas, son contrarias a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, y que constituyen una amenaza a la integridad territorial, la seguridad de los Estados y de los gobiernos legítimamente constituidos;
Que como miembros de esta Federación y de acuerdo a nuestros mandatos tenemos el objetivo de establecer y mantener relaciones con los órganos e instituciones que trabajan por los derechos humanos, la Democracia y el mantenimiento de la paz;
Que los Ombudsman pueden jugar un papel vital en la promoción y protección de los derechos humanos por medio del trabajo conjunto con los Sistemas Internacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos;
Que la migración en toda Ibero-América se ha convertido, en lo últimos años, en un asunto de primer orden dentro de las agendas de los Estados, organismos internacionales y de la sociedad civil, y enfrentan el desafío de encontrar un equilibrio entre la adecuada protección de los derechos humanos de la población migrante y la necesidad de ordenar los flujos migratorios que se producen en la región;
Que una de las funciones más importantes del Ombudsman es la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afro descendientes, con el fin de que los Estados de la región respeten sus usos y costumbres;
Que para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región, los Estados deben invertir sus recursos prioritariamente en la atención de programas sociales en los campos de la educación, la salud, la vivienda y el medio ambiente, con la finalidad de disminuir los índices de pobreza, eliminar la exclusión social y respetar así integralmente los derechos humanos;
Que la explotación minera no responsable a cielos abiertos amenaza el desarrollo y el ambiente de las comunidades originarias;
DECLARAN QUE:
1.- REITERAN su compromiso de cumplir con su mandato constitucional y legal de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, y por esa vía contribuir a la consolidación de la Democracia y el Estado de Derecho.
2.- REAFIRMAN la vigencia de la igualdad y la no discriminación de las mujeres, apoyando las acciones dirigidas a fortalecer la promoción y protección de sus derechos humanos, de conformidad con el principio de la transversalidad en sus instituciones, así como mediante las instancias especializadas en la materia.
3.- EXPRESAN su compromiso de difundir el II Informe de Derechos Humanos de la FIO, Derechos de la Mujer, entre las instituciones y organismos internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales que procuren el respeto de los derechos humanos.
4.- EXHORTAN a los Estados a implementar medidas orientadas a materializar los compromisos asumidos en los tratados internacionales sobre derechos de la mujer, manifestando su disposición de hacer seguimiento al cumplimiento de los mismos.
5.- REITERAN su disposición a velar por que los Estados implementen y desarrollen adecuadamente los compromisos internacionales asumidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, exhortando a los Estados que no lo hayan hecho, a la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención CEDAW.
6.- SOLICITAN a los Estados, a los gobiernos y a la sociedad civil, a respetar y favorecer los procedimientos, métodos y resultados de los sistemas electorales propios de la democracia, como expresión del ejercicio de los derechos políticos y de la voluntad de los ciudadanos de participar en el destino de sus países.
7.- INSTAN a los gobiernos de la región a definir políticas integrales de combate a la corrupción, la impunidad, el tráfico ilícito y consumo de drogas, y el lavado de dinero, para evitar las consecuencias de deterioro social y erradicar la inserción del crimen organizado en las estructuras del Estado.
8.- REITERAN el derecho de libre acceso a la información pública que es necesaria para promover la transparencia, para combatir la corrupción, para que la ciudadanía pueda hacer a sus gobiernos responsables por las decisiones que toman en su representación; y para que los habitantes puedan tomar decisiones informadas y así participar más ampliamente en la vida pública.
9.- RECHAZAN el uso de la violencia en la solución de los conflictos y promueven las soluciones pacíficas de conformidad con los principios de derecho internacional.
10.- REAFIRMAN su compromiso de fomentar la paz, el bienestar de los pueblos y su libre determinación, el respeto a los derechos humanos, y EXHORTAN a los Estados y a la comunidad internacional, a tomar medidas para que efectivamente nuestras sociedades puedan vivir en condiciones de paz y libres de toda amenaza a su seguridad y de todo intento de menoscabo.
11.- INVITAN a los Estados a tomar medidas para fortalecer la cooperación, a fin de prevenir y combatir el terrorismo, en estricto apego y respeto al derecho internacional, las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
12.- REITERAN su disposición a continuar desarrollando una relación de cooperación con los Sistemas Internacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, a fin de fortalecer a las instituciones miembros de la Federación en su labor de promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos.
13.- OFRECEN a la Secretaría General, a la Oficina del Alto Comisionado, a la Comisión de Derechos Humanos y sus órganos subsidiarios, los órganos de tratados, y demás entidades que conforman el Sistema de Naciones Unidas, el trabajo, la experiencia, los conocimientos y las investigaciones de sus instituciones en relación con la situación de los derechos humanos de los pueblos de Ibero América.
14.- SOLICITAN a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y a sus órganos subsidiarios a que continúen y adelanten la discusión para definir el status de las INDH dentro de tales órganos, así como las formas y procedimientos más eficaces para la participación de nuestras instituciones en el futuro próximo.
15.- INVITAN respetuosamente a la Organización de Estados Americanos a establecer una relación de trabajo y cooperación con la Federación, así como a crear espacios y mecanismos de participación para las defensorías, procuradurías y comisiones de derechos humanos, en los distintos órganos del sistema interamericano con mandatos en la promoción y protección de los derechos humanos.
16.- OFRECEN a la Asamblea General de la OEA, la Secretaría General, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Interamericano del Niño, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, y demás órganos de la OEA, sus informes, recomendaciones, diagnósticos, investigaciones sobre la situación de derechos humanos en Ibero-América, como una ratificación de nuestra disposición de colaborar en los espacios comunes que nos corresponden legalmente.
17.- AGRADECEN a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muy especialmente a su presidente, Magistrado Sergio García Ramírez, su apoyo en las actividades orientadas al fortalecimiento de las instituciones miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman.
18.- SUBRAYAN el papel del Consejo de Europa en el reconocimiento de la importancia de la institución del Ombudsman en el seno de los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos, en especial de su Comisionado para los Derechos Humanos, señor Alvaro Gil-Robles, por la labor realizada en el ámbito de la cooperación entre los Ombudsman europeos y entre ellos y el Consejo de Europa.
19.- AFIRMAN que siendo la migración económica masiva, una de las dramáticas manifestaciones de la pobreza en la región, es necesario mantener firme la vigilancia y protección de los derechos humanos de los migrantes, denunciando a los responsables directos y operativos de las políticas migratorias que violentan derechos fundamentales del ser humano, como el derecho a la movilidad personal, al trabajo, a la libre elección de residencia, entre otros.
20.- REINVINDICAN la importancia de seguir realizando investigaciones e implementando políticas, programas y acciones orientadas a garantizar los derechos de los migrantes, pues consideran su situación de vulnerabilidad como uno de los retos más importantes para los derechos humanos en el nuevo siglo. Por lo que, se comprometen a continuar difundiendo el I Informe Regional sobre Derechos Humanos de la FIO dedicado a los derechos de los migrantes.
21.- REAFIRMAN la necesidad de fortalecer la coordinación y comunicación entre las Defensorías y Procuradurías de la Región, para lograr una efectiva protección a las personas migrantes.
22.- AGRADECEN a la Organización de Estados Americanos la invitación a participar en el Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias, y manifiestan su disposición de continuar colaborando con este Grupo de Trabajo.
23.- REITERAN que el derecho a un nivel de vida adecuado tiene su fundamento en la lucha por un sistema económico justo, moralmente válido, en el cual se tome en cuenta la armonía individual, social y con la naturaleza.
24.- RECONOCEN la profunda brecha que divide a nuestras sociedades entre ricos y pobres, y la que existe entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, lo cual significa una amenaza para la prosperidad, la seguridad y la estabilidad de nuestros Estados. En este sentido, EXHORTAN a los Estados y a la comunidad internacional a implementar medidas destinadas a combatir efectivamente la pobreza y la exclusión.
25.- SOLICITAN a los Estados de la región que realicen todos los esfuerzos necesarios para controlar la explotación minera a cielos abiertos no responsable que va en detrimento de un ambiente sano de todos los habitantes.
26.- EXHORTAN a los Estados a que agilicen las negociaciones de las Declaraciones relativas a los pueblos indígenas de la ONU y OEA. Y se comprometen a solicitar a los Estados que todavía no lo han hecho a ratificar el Convenio 169 de la OIT, sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales y a promover las medidas necesarias en el ámbito interno para darle plena vigencia.
27.- REITERAN, debido a la condición Ibero-Americana de sus asociados, su aspiración de establecer una estrecha relación de cooperación con la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y su Secretaría de Cooperación, la cual consideran fundamental en el trabajo por el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos en la región.
28.- SOLICITAN a los gobiernos de la región que se encuentran negociando Tratados de Libre Comercio, que se aseguren de que los mismos contengan garantías de respeto a los derechos humanos.
29.- SOLICITAN a las autoridades de las Repúblicas de Chile, Oriental de Uruguay, Federativa de Brasil y a la República Dominicana que se unan a la corriente Iberoamericana de Ombudsman, como aspiración legítima de todas las personas de la región y elemento esencial de la democracia y el Estado de Derecho.
30.- MANIFIESTAN la importancia de trabajar conjuntamente con la Asociación Brasileña de Ombudsman (ABO), en la promoción de la institución del Ombudsman conforme a los Principios de París, en la República Federativa de Brasil.
31.- EXPRESAN su apoyo a la sociedad ecuatoriana en la búsqueda de soluciones pacíficas, democráticas y apegadas al Estado de Derecho en la resolución de sus conflictos políticos y sociales, lo cual es consecuente con los valores intrínsecos de este hermano país.
32.- EXHORTAN, respetuosamente, a la Asamblea Legislativa de la República de Nicaragua a que designe, a la mayor brevedad, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, a quien se le venció el mandato desde julio de 2004, ya que su nombramiento es vital para la plena vigencia de los derechos humanos.
33.- RECOMIENDAN a la honorable Legislatura de la Provincia de San Luis que modifique la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, restituyéndole el período de cuatro años vigente en la anterior ley.
34.- RECHAZAN los actos de hostigamiento y asedio contra los Defensores de Derechos Humanos y las instituciones que representan, los cuales impiden y dificultan las tareas que desarrollan en el ámbito nacional y regional, por considerarlos atentatorios a la democracia y los derechos humanos.
35.- RECHAZAN cualquier acto orientado a menoscabar la labor que vienen desarrollando la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.
36.- MANIFIESTAN su solidaridad con el pueblo colombiano y sus instituciones por su legítima y sentida aspiración de construir la paz, reducir el fenómeno de la violencia y dar fin a los conflictos armados internos, por lo que RECOMIENDAN privilegiar los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos, el diálogo, los principios democráticos y el respeto a la dignidad humana, en estricto apego al Estado de Derecho, entendiendo que es el único camino para lograr la paz duradera, el desarrollo y el goce y ejercicio de los derechos humanos.
37.- EXHORTAN al Estado de Honduras a que sus iniciativas de crear comisiones, oficinas y unidades de derechos humanos no menoscaben el mandato Constitucional y legal del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de la República de Honduras.
38.- EXHORTAN a los Estados Ibero-Americanos y a la comunidad internacional a sumar esfuerzos que contribuyan con el mejoramiento de la situación política, económica y social de la hermana República de Haití, respetando en todo momento su soberanía nacional, su Constitución y sus instituciones.
39.- AGRADECEN a la Universidad de Alcalá, a la Agencia Española de Cooperación Internacional y al Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo su importante contribución para el fortalecimiento de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, en general y las instituciones miembros en particular.
40.- MANIFIESTAN su gratitud a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y al Fondo Especial para Ombudsman e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe por su valiosa contribución en la realización del IX Congreso y Asamblea de la Federación Iberoamericana de Ombudsman.
41.- EXPRESAN su agradecimiento al Defensor del Pueblo de la República del Ecuador, Claudio Mueckay, por la organización del IX Congreso y Asamblea Anual de la FIO, y muy especialmente a los funcionarios de esa institución por su entereza, dedicación, amabilidad y atención durante la realización de este encuentro.
En la Ciudad de Quito, Ecuador, a los once días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.