Los y las titulares de las Defensorías del Pueblo de la República Argentina, agrupadas en ADPRA, se reunieron en la ciudad de Rosario, desde donde le pidieron a la dirigencia política nacional que colabore “con el respeto a las instituciones y no realicemos declaraciones que no contribuyan al respeto de los plazos correspondientes y al cuidado del interés nacional”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo porteño y Presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Alejandro Amor, aseguró que “en tiempos difíciles como es cuando los y las dirigentes debemos colaborar con el respecto a las instituciones y con transmitir la tranquilidad que requiere un momento como éste”.
En el Plenario se abordaron problemáticas que afectan directamente el bolsillo de la ciudadanía. “Un ejemplo de ellos es el acceso al servicio público del gas. Desde las Defensorías del Pueblo presentamos un proyecto de ley para declarar a la garrafa de gas como un servicio público esencial, ya que en varios rincones del país (en provincias como Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones, algunas regiones de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires) se dificulta no sólo la compra de la garrafa por sus elevados precios, sino también por las grandes distancias que hay que recorrer para encontrar los puntos de venta”, explicó Amor.
“Algo parecido sucede con la luz. Se nos manifestaba que en algunos casos, sobre todo para empleados del sector público, se comprometía para el pago de la luz hasta el 50% del salario mensual. Vale recordar que cuando una familia utiliza más del 10% de sus ingresos familiares al pago de servicios públicos se encuentra debajo de la línea de pobreza energética. También se considera debajo de esa línea a las familias que no tuviesen acceso a la red de agua potable o a la cloaca”, añadió.
El Defensor del Pueblo porteño enumeró además problemáticas como el encarecimiento de las cuotas de los préstamos UVA y de los planes de ahorro para adquirir un vehículo, donde en algunos rincones de la Argentina se registra un índice de morosidad cercano al 30%.