La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), integrada por hombres y mujeres, que defendemos la plena
vigencia de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional, y el respeto por las Instituciones, MANIFESTAMOS nuestra profunda preocupación en relación al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 702/2018, ello en virtud de que:
Conforme se desprende de la Ley Nacional N° 24.714, el Régimen de Asignaciones Familiares establece una serie de prestaciones destinadas al cuidado de las niñas, niños y adolescentes en sus familias, legitima un Derecho. Entre ellas, las Asignaciones prenatales, por maternidad, por nacimiento, por adopción, por hijo, por hijo/a con discapacidad, por ayuda escolar anual durante la educación obligatoria.
Por su parte la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061 establece que las políticas públicas de niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo al fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (Artículo 4).
“Los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”. (Artículo 7)
“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social. Los Organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento”. (Artículo 26)
Consecuentemente, resulta inadmisible que para la percepción de las asignaciones mencionadas el límite de ingresos mínimos por grupo familiar suba y que el límite de ingresos máximo baje; así como también se quite los valores diferenciales según la zona para algunas de ellas. Esto podría generar la vulneración de garantías constitucionales que protegen Derechos Humanos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes y sus núcleos familiares. Entendemos que se trata de un Derecho adquirido y recordamos que toda política pública de seguridad social debe centrarse en el Interés Superior del Niño y no acrecentar la brecha de las desigualdades sociales; teniendo en cuenta que la principal población que vive en la pobreza son las infancias y juventudes.