Declaración de ADPRA en relación al Procesos de Reestructuración de la Deuda Externa Argentina



En un contexto de normalidad, el Gobierno argentino hubiera requerido una gran cantidad de recursos económicos para poder garantizar los derechos humanos de la población, generando las condiciones necesarias para que las argentinas y los argentinos puedan ver satisfechos su derecho a la alimentación, vivienda, salud, educación, agua y saneamiento, protección social, condiciones de trabajo justas y adecuadas, entre otros.

En un contexto de emergencia sanitaria, como el que vivimos hoy, el Estado necesita aún más recursos para salvaguardar los derechos humanos en medio de una pandemia y hacer frente a las consecuencias que genera la cuarentena, única vacuna al día de hoy para el virus generado por el COVID-19, sobre la economía de la Argentina.

Las Defensorías del Pueblo de Argentina, encargadas de defender y promover los derechos humanos, no pueden permanecer ajenas a un debate que impacta de manera directa en la vida de generaciones de argentinos y argentinas y que ponen en riesgo no sólo el cumplimento de mandatos derivados de los Tratados Internacionales firmados, sino también su propia historia, de compromiso con los derechos humanos inaugurada con el retorno a la democracia en 1983.

Ante la no designación del Defensor del Pueblo de la Nación, la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) se ve obligada a alertar sobre el grave impacto que tendrá en los derechos humanos de las y los argentinos que no se modifiquen las condiciones de pago de la deuda externa, calificada por el Fondo Monetario Internacional como insostenible.

Nuestras Instituciones se encuentran hoy en una de las primeras líneas de atención a la población argentina en todas sus necesidades. A las viejas deudas en materia de derechos humanos del Estado argentino, se suman hoy innumerables desafíos en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), que se presentan ante los Gobiernos nacional y provinciales a causa de la pandemia declarada por el COVID-19.

Hacemos propias las enunciaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que resaltan la necesidad de paralizar, suspender o aliviar la deuda externa a fin de resguardar recursos que permitan el gasto público de emergencia prioritario en otros DESCA, sin poner en mayor riesgo todos los derechos humanos.

Por esta razón, las Defensorías del Pueblo de la República Argentina, encargadas de velar por los derechos humanos de las argentinas y los argentinos, acompañamos y respaldamos la propuesta del Estado argentino, en la misión de reestructurar la deuda externa para que sea sostenible en el mediano y largo plazo, y cuya erogación no afecte los derechos humanos esenciales, permitiendo a su vez hacer frente la crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia.

En este mismo sentido, llamamos a los acreedores bilaterales, multilaterales y privados de la República Argentina a hacer los esfuerzos necesarios y a negociar con buena fe y predisposición la oferta de reestructuración propuesta por el Estado Nacional.

El Presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán.