El 8 de marzo de 2017 fue paro de actividades y movilización de mujeres en todo el mundo. Porque la igualdad de género, en el acceso a oportunidades, a la justicia, al buen trato, a la libertad, sigue siendo lucha y resistencia para los organismos y organizaciones que trabajamos en Derechos Humanos.
Que las mujeres sean víctimas de violencias, de exclusiones, de estigmatizaciones, no es un hecho aislado, ni casual. Es la expresión de un sistema injusto y patriarcal. Cuando las mujeres mueren golpeadas, abusadas, incendiadas, no es por azar ni una tragedia natural. Alrededor de 150 mujeres murieron quemadas en la fábrica donde trabajaban hace más de cien años. Las condiciones en las que estaban eran denunciadas por ellas mismas desde hacía tiempo. Las mismas condiciones que en la actualidad se siguen repitiendo para muchas mujeres de distintos países. Por eso los reclamos continúan. Para que ninguna mujer más muera de este modo. Para que los Derechos Humanos fundamentales, a la Vida y la Integridad, sean efectivos para todas.
No es posible tolerar que la denuncia de estas situaciones termine con la muerte. Otra vez, un 8 de marzo, más de treinta mujeres adolescentes murieron incendiadas. Sus vidas terminaron por organizarse y denunciar los malos tratos, los abusos, las malas condiciones edilicias, de las que eran víctimas. Nada nuevo para las organizaciones locales y los organismos internacionales, que ya habían advertido de las violaciones a los derechos de la niñez y la adolescencia. Nada que no haya podido ser prevenido, nada que no involucre a la responsabilidad del estado de Guatemala, quien debe garantizar la protección integral de las y los jóvenes y niños que tiene a su cuidado. Quienes se encuentra allí porque las políticas públicas ya los habían abandonado desde su primera infancia.
Desde la Red de Defensorías del Pueblo por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de ADPRA exigimos al estado de Guatemala el inmediato cierre del Hogar Virgen de la Asunción, el traslado y ubicación segura de las niñas y niños allí alojados, fundamentalmente con familias ampliadas y solidarias, o en espacios de contención más pequeños que garanticen su protección integral; y que se haga justicia para las jóvenes y sus familias.
Ni una menos. Vivas nos queremos.