Del encuentro participaron el Defensor del Pueblo porteño y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Alejandro Amor; el Defensor del Pueblo de Carlos Paz, Daniel Mowszet; el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Aviles; y el secretario de Seguridad cordobés, Alfonso Mosquera, entre otros.
“Estoy orgulloso y muy satisfecho por recibirlos en Carlos Paz”, aseguró Mowzset, quien ofició de anfitrión del Plenario. “Es un momento muy propicio para realizar este debate, porque estamos atravesando una profunda crisis, con muchísimas personas sin trabajo y con dificultades para pagar las tarifas de los servicios públicos esenciales. Estas personas confían en los Defensores y Defensoras para que les resolvamos sus problemas”, añadió el Defensor del Pueblo de Carlos Paz.
Por su parte, Mosquera destacó el trabajo que realizó su provincia para ser anfitriona del Congreso Internacional de la Lengua Española que se está celebrando en suelo cordobés. “Nuestra provincia ha estado a la altura de los acontecimientos”, afirmó.
Alejandro Amor comenzó su alocución hablando sobre el rol de las Defensorías del Pueblo. “Muchos nos confunden con espacios partidarios o que forman parte de algún Gobierno o Estado. Si bien es claro que todos tenemos un pensamiento político e ideológico, nunca seremos el Ministerio de algún gobierno o parte de la oposición. Nuestra tarea es buscar el camino del diálogo, que no siempre es amistoso pero sí debe ser respetuoso, y trabajar para solucionar los problemas de las personas”, afirmó.
En esa línea, Amor criticó el fallo de la Corte Suprema en el que asegura que las Defensorías del Pueblo provinciales no tienen legitimación activa para cuestionar normas dictadas por autoridades nacionales. “Hace 11 años que la Defensoría del Pueblo de la Nación está vacante. En ese contexto lamento profundamente –aunque lo respeto institucionalmente- el pésimo fallo de la Corte porque cuestiona la legitimación procesal de las Defensorías y le quita herramientas a la sociedad para defender sus derechos. Y en un contexto complicado para nuestro país en el que cada vez son más las personas que no pueden pagar las tarifas de servicios públicos esenciales: luz, gas y agua. Y ni hablemos si esa persona además alquila. Por eso nos presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo la nulidad de ese fallo del supremo tribunal”, explicó el ombudsman porteño.
En el plenario se abordó, además de la cuestión tarifaria y la importancia de extender la tarifa social para aquellos usuarios que no puedan pagar; la situación actual de los migrantes que llegan a territorio argentino; la necesidad de contar con una regulación a favor de los usuarios de Telefonía Móvil, Internet y Cable; se habló sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laborativa; y las tareas que realizará el Observatorio Electoral de ADPRA en este año plagado de elecciones, entre otros temas.