El presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), y Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, expuso el pasado jueves en la audiencia pública realizada en el Centro Metropolitano de Diseño de Barracas.
La audiencia fue convocada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio del Interior para discutir la adecuación tarifaria del servicio público que presta AySA, en el marco de la voluntad de esa empresa de realizar un incremento del 26%. Como sucedió en las audiencias públicas que se celebraron para los aumentos en las tarifas de los servicios de luz y gas, Amor planteó durante su exposición la necesidad de bajar la carga impositiva sobre los servicios públicos.
Entre los temas que abordó estuvieron: la importancia de considerar cómo afectan los incrementos de los servicios púbicos a los bolsillos de las personas y la definición de pobreza energética; cómo se componen las tarifas y qué porcentaje de éstas corresponde a los impuestos; la necesidad de que haya intervención del Estado en la fijación de tarifas para bajar los impuestos y la protección d los usuarios más vulnerables.
“Es necesaria una intervención objetiva, precisa y contundente del Estado bajando impuestos, para que las tarifas pesen menos en los bolsillos de los usuarios. Llegó el momento también de un plan de concientización por parte del Estado y de todas las empresas”, expresó Amor alegando que en el impacto de los impuestos en la composición de las tarifas es de entre el 30 y el 45 por ciento según el servicio.
El Defensor del Pueblo porteño también pidió la intervención del Estado para defender los principios de proporcionabilidad, razonabilidad y no confiscatoriedad que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fin de evitar que el mayor peso de los incrementos tarifarios siga recayendo en los usuarios, que en muchos casos ya destinan más del 50% de sus salarios para pagar los servicios públicos.
“Llegó el momento de pensar en la protección integral de cada una de las personas. No son clientes, son seres humanos con derechos plenos. Y en el caso del agua, el derecho a su acceso debe ser universal. A eso vinimos los Defensores a esta audiencia, a defender de manera integral a todas las personas”, concluyó.