El Defensor del Pueblo porteño y presidente de ADPRA asistió hoy a la reunión de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que preside la senadora Marta Varela junto a Humberto Roggero y Jorge Sarghini para exponer sus propuestas para la Defensoría del Pueblo de la Nación. A continuación reproducimos sus palabras:
Como Presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), propongo que se modifique la Ley actual 24284, estableciendo todos los alcances y facultades que tienen las Defensorías de la Argentina y:
· Ratificando la más amplia legitimación procesal frente a las cuestiones individuales colectivas o difusas.
· Estableciendo la iniciativa legislativa, la otra herramienta fundamental que permite que un órgano constitucional presente ante la Congreso Nacional proyectos de ley que deban ser considerados y tratados igual que los de los legisladores y los enviados por el Poder Ejecutivo Nacional, dado su carácter apartidario y neutral, pero comprometido con los derechos y garantías de la Constitución Nacional.
· Determinando a la Defensoría del Pueblo como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, al igual que sucede en la Ciudad.
· Dotándola de capacidad jurídica explícita para la medicación, la conciliación y el arbitraje.
· Estableciéndola como órgano de fiscalización y observación de las elecciones nacionales tal cual se ha implementado hasta la fecha desde ADPRA.
· Presentando en cabeza de las Defensorías del Pueblo de la Nación el Registro Único de Víctimas de Violencia de Género.
· Reglamentando con absoluta claridad el carácter de las recomendaciones, para que ante su incumplimiento tanto por parte del sector público como del sector privado se pueda aplicar el régimen sumario, que no obliguen a la irracionalidad de la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
· La instrumentación de un procedimiento claro, preciso y transparente abierto a la participación ciudadana que permita el control, evaluación, impugnación o aval de un candidato con plazos amplios para que quienes resulten electos haya podido postularse ante el Pueblo Argentino, las autoridades del Congreso Nacional, las organizaciones no gubernamentales y llegar con legalidad y legitimidad bien clara.
· La actualización de la ley debe tener como objeto la mayor trasparencia y participación amplia que fortalece a la institución que hoy no es solamente una institución sin conducción, sino profundamente débil como consecuencia de una norma que desde 1993 respondía a otra lógica de la institucionalidad, la participación y el control ciudadano.
· La presentación de un CV completo, la declaración jurada patrimonial propia y de la familia directa y el aval de la sociedad a través del apoyo de personas u organizaciones que configuran la característica de quien se presente y sirvan a la Comisión Bicameral como institutos de evaluación objetivos.
· La Audiencia Pública donde cada candidato exponga y participe la sociedad con voz y con derecho a apoyo o a impugnación.
· Procedimientos claros y conocidos para lograr mayor transparencia y dotar de absoluta legitimidad a quien resulte electo.
· La Defensoría del Pueblo de la Nación debe ser organismo autónomo y descentralizado.
· Se deben homogenizar con el Ejecutivo Nacional todas las normas que la rijan, en especial las de compras y contrataciones, de administración de personal, de procedimientos administrativos e informática.
· La digitalización de todos los procedimientos no es una alternativa, es una obligación.
Hay que complementarse con el Ministerio de Modernización.
Para la sociedad el Estado es uno y debe complementarse, no actuar como compartimente estanco. Porque lo que las personas buscan son representantes y soluciones, no excusas.
La Defensoría no es un ministerio del PEN ni la cabeza institucional de la oposición.
Es un Órgano de la Constitución que defiende, promueve y protege derechos y garantías constitucionales, en particular las de Derechos Humanos.
Desde ese punto de vista, no tiene compromiso político partidario pero si tiene compromiso político constitucional.
Actúa, busca mediar frente al Estado o al sector privado procurando una solución desde la neutralidad, pero frente a la presencia de la vulneración o a la falta de respuesta abandona la neutralidad y poner todo el peso de la institución en defensa del más débil que es quien hay sufrido la vulneración del derecho.
Creo en la obligación del diálogo y la negociación para la solución de los problemas. NO creo en la utilización del amparo como herramienta ordinaria, porque justamente es de carácter extraordinario. La interposición serial de amparos no solo no resuelve los problemas, sino que muchas cosas terminan consolidando en la Justicia el acto que se preveía atacar por una vulneración real o potencial de un derecho.
Diálogo y consenso para la solución de los problemas. Es siempre más difícil, pero cuando los dirigentes nos hacemos cargo de un problema es para resolverlo, no para profundizarlo.
Creo en la necesidad de una Defensoría del Pueblo de la Nación con asiento en toda las Provincias, en especial en las 5 que aún no tiene Defensor del Pueblo.
Para ellos no es necesario realizar gastos que comprometan el presupuesto. Se trata de acordar con autoridades locales para que por medio de comodato de uso gratuito haya como mínimo una sede en cada provincia.
El alquiler será solo una excepción cuando no se logre un acuerdo para un comodato.
También sé que muchas veces la presencia de la Defensoría molesta por que se siente la presencia de un control. No es así ni debe ser así, se trata de mejorar la calidad institucional, de ser eficientes en la administración y de ir a buscar los problemas a donde los problemas están, en cada pueblo en cada ciudad en cada provincia de la Argentina.
Se trata de abrir las puertas de la Defensoría no para que venga la gente, sino para que salgamos los dirigentes a hacernos cargo donde los problemas están. Junto a cada persona. Entendiendo que los problemas no son grandes ni chicos, tienen la trascendencia e importancia que les dan las personas que los padecen.
Vuelvo a insistir con el diálogo y el consenso como forma de resolver los problemas, pero también en la necesidad de pasar de vivir en la sociedad de la tolerancia a vivir en la sociedad de la convivencia.
Cuando hay tolerancia es porque hay algo del otro que me molesta o no me gusta y por eso lo tolero. Cuando hay convivencia acepto al otro tal cual es con su identidad, con sus costumbres, sus pensamientos, con su forma de ser. Es la sociedad de la heterogeneidad que desde la diferencia y la diversidad se anima a crecer con respeto, pero con el objetivo de lograr que todos los derechos sean de acceso universal e igualitario para todas las personas sin distinción.
Creo por último que cuando Julio César Strassera dijo “Señores Jueces, Nunca Más” estableció un piso básico de valores morales y éticos para toda la Argentina.
Que la Defensoría del Pueblo sea el órgano constitucional que debe ser para el presente y el futuro. Que sea lo que la define, un órgano de defensa, protección y promoción de derechos y garantías, en particular de los Derechos Humanos. El Pueblo Argentino lo merece.