ADPRA expresa su total apoyo a la sanción de la norma legislativa de adhesión a la Ley Micaela en la Provincia de Tucumán

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina expresa su total apoyo a la sanción de la norma legislativa de adhesión a la Ley Micaela en la Provincia de Tucumán.

La ley nacional 25799 se denomina “Micaela” en homenaje y recuerdo de la joven Micaela García, militante y adherente de Ni Una Menos, quien fuera brutalmente asesinada en la calle el 1 de abril de 2017 por un hombre previamente condenado por violación y cuya libertad condicional fuera otorgada por un Juez de la Provincia de Entre Ríos, a pesar de constar informes contrarios de los equipos interdisciplinarios del sistema penitenciario.

Este femicidio generó en la sociedad argentina un profundo malestar acerca de la falta de compromiso ideológico del Poder Judicial con la temática de violencia de género. El debate sobre la falta de respuestas adecuadas tanto en el ámbito de la justicia, como de la seguridad y en muchos ámbitos públicos y privados sobre el tema de la violencia hacia las mujeres y las niñas, generó la propuesta legislativa de contar con una capacitación obligatoria para la prevención de estos crímenes en todos los niveles y poderes del Estado.

La Ley Micaela está siendo aplicada gradualmente en todo el país.  Las provincias argentinas y Ciudad de Buenos Aires votaron en sus respectivas legislaturas las normas de adhesión, con excepción de la provincia de Tucumán, territorio en el cual se producen numerosos femicidios y situaciones de abuso sexual en la infancia que conmueven periódicamente la sensibilidad social.

La resistencia y la demora en apoyar esta ley es inaceptable. Desde ADPRA consideramos que es imprescindible alentar la capacitación de los agentes del Estado en todo lo que hace a la prevención de los abusos y de las violencias contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes y en los distintos principios y conceptos desarrollados en las normas legislativas existentes en nuestro país, todas ellas derivadas de los Tratados Internacionales de derechos humanos, que son parte de nuestra Constitución Nacional.

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